Desde la CCE, hemos trasladado por escrito al Presidente del Gobierno de Canarias la preocupación generada entre nuestro empresariado, por el fuerte quebranto que se puede producir en las empresas de las Islas como consecuencia de la reciente modificación introducida en los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades, que obliga a todas las empresas que cuenten con una facturación superior a los 10 millones de euros, a realizar desembolsos a cuenta equivalentes al 23% del resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el cálculo de este importe no se consideran los incentivos fiscales del REF, como la Reserva para Inversiones en Canarias, la bonificación a la producción de bienes corporales producidos en Canarias o la Zona Especial Canaria, dado que estos se aplican en el momento de la declaración.

Resulta especialmente preocupante el daño que puede generarse a los objetivos de internacionalización de la economía canaria, ya que la inversión extranjera atraída a la Zona Especial Canaria deberá soportar pagos a cuenta del 23% cuando el tipo vigente es del 4%, generándose una situación de inseguridad jurídica con efectos negativos sobre la confianza exterior en nuestro marco normativo.

Aunque el exceso de recaudación deberá ser devuelto tras la declaración del Impuesto, la , cuenta con un plazo de hasta seis meses para realizar las devoluciones una vez cerrado el periodo de presentación de declaraciones, por lo que puede que estas no se hagan efectivas hasta enero de 2018.

En la Confederación Canaria de Empresarios entendemos que se trata de una omisión involuntaria, y por tanto subsanable, por parte del Estado, que ha olvidado exceptuar de esta obligación, como ha hecho para otros supuestos dentro de la misma norma, a las empresas del Archipiélago que se acojan a los incentivos fiscales del REF, que otorgan un diferencial fiscal con respecto al resto del país justificado en la necesidad de compensar los sobrecostes estructurales que soportan las empresas de las islas, debido a su situación ultraperiférica.

Es por ello que solicitamos la máxima colaboración, por parte de todos los estamentos y representantes públicos, para reconducir la grave situación generada, que puede comprometer seriamente la solvencia económica de un buen número de empresas establecidas en las Islas.