Demandas de la industria para las nuevas administraciones canarias

Comunicado conjunto de las 50 asociaciones empresariales integradas en Femete y Femepa para los próximos gobiernos regional, insulares y locales.

La Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (Femete) y la Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal y Nuevas Tecnologías de las Palmas han hecho públicas las demandas y necesidades estratégicas que han presentado sus 50 asociaciones empresariales integradas, vinculadas a la industria y que agrupan a más de 20.000 profesionales, de cara a las elecciones autonómicas, insulares y municipales del próximo 28 de mayo.

Según un comunicado conjunto que han difundido hoy ambas patronales, “el foco de nuestras demandas a las nuevas Administraciones Públicas de Canarias que se vayan a formar se centra en combatir la lacra el problema de la economía sumergida y sus devastadores efectos en todos los estratos del mercado, la competencia desleal, la indefensión del cliente ante la inexistencia de garantías y/o coberturas de seguros por parte de la empresa ilegal o irregular, las malas condiciones en las que se pueden encontrar las personas trabajadoras (prevención de riesgos laborales), el descuido en los requisitos medioambientales que deben disponer, así como la pérdida de recaudación para las administraciones públicas”, destacan Femete y Femepa.

Igualmente, ambas federaciones industriales resaltan la necesidad de reducir el absentismo laboral y flexibilizar el mercado: “Es fundamental implantar y financiar observatorios, así como oficinas técnicas de prevención por cada uno de los sectores que participan en las negociaciones colectivas, además de una mejora en la flexibilización del mercado laboral, al menos en la parte que se puede hacer desde nuestro estatuto y REF. También demandamos al nuevo Gobierno Regional que potencie el Consejo Económico y Social (CES), dotándolo de mejores medios económicos y humanos con el fin de acabar con su abandono actual”.

Morosidad y los impuestos

La lucha contra la morosidad es otra de las reclamaciones dirigidas a la Administraciones Públicas que resulten elegidas tras las elecciones: “Liquidar todas las facturas pendientes de pago por parte de las AAPP, en los plazos establecidos por norma. Demandamos los retrasos en los pagos de las AAPP en el abono de facturas a empresas. Ayuntamientos con retrasos de pagos de más de un año, aunque las facturas estén subidas a la plataforma FACE”.

En cuanto a los impuestos, proponen “implementar un sistema sencillo que impida que las empresas deban anticipar a la Hacienda Pública el IGIC facturado y no cobrado. Además, una bajada de la presión fiscal en la parte que se puede hacer desde el Gobierno de Canarias, IGIC y tributos municipales. Pymes y autónomos/as sufren asfixia económica por los impuestos. Sobre todo, con los tipos de interés y los niveles de inflación, excesivo nivel burocrático de trámites, exigencia normativa en aumento y sin frenos, sin escalar el tamaño de empresas, lo que repercute en costes y la consecuente pérdida de competitividad”.

Referente al AIEM, explican: “Si entra un producto elaborado, grabarlos para proteger la industria canaria. ¿De qué nos sirve que formemos personal con dinero público, subvencionen empresas para su modernización, si luego entra material prefabricado elaborado sin pagar AIEM? Actualmente, el material elaborado que entra en Canarias tributa como materia prima y eso no es cierto”.

Agilizar respuestas y FP Dual

A su vez, Femete y Femepa demandan: “Mayor seguridad jurídica mediante la simplificación administrativa, mejor calidad de las leyes y menor cantidad.   Agilizar las respuestas a las solicitudes de subvención. Agilizar las respuestas en la solicitud de licencias de obras, informes de los servicios afectados y permisos, en general, por parte de las administraciones públicas”.

Otra necesidad es “acelerar la puesta en marcha de la ya aprobada Estrategia Canaria para la FP Dual. Potenciar y promover con algún tipo de atractivo económico la participación de las empresas en este tipo de formación, así como incluir en los programas de formación reglada el impartir enseñanzas mínimas en Prevención de Riesgos Laborales para el alumnado de los sectores industriales”.

En cuanto a las instalaciones industriales, “exigimos el cumplimiento de las revisiones periódicas y el mantenimiento según normativa de seguridad industrial, ello conlleva sobre todo a la seguridad de las personas usuarias y público en general, principalmente, pero también a la creación de empleo, dada la actividad que generan estas actuaciones”.

Instalaciones eléctricas

Las empresas y profesionales de instalaciones eléctricas, en concreto, plantean cuatro demandas:

1. Mal funcionamiento constante de la sede electrónica del Gobierno de Canarias. Adaptar la información que se solicita en el aplicativo de Sinergia de la sede del Gobierno de Canarias al actual Decreto 141/2009. Se pide información basada en una modificación de dicho decreto que no llegó nunca a aprobarse. Los instaladores eléctricos tienen que tramitar los boletines eléctricos en dicha sede, y esto resulta tremendamente engorroso debido al continuo fallo de la misma.
2. Falta de medios, tanto humanos como técnicos, y formación. Los funcionarios no saben cómo tramitar o cómo resolver los nuevos casos-supuestos que surgen, lo que provoca que no se están cumpliendo los plazos de resolución de expedientes, de reclamaciones, de subvenciones, no hay agilidad en la resolución de consultas.
3. Demandamos reactivar el plan de inspecciones para detectar las empresas instaladoras eléctricas que no cumplen con la normativa y que simplemente presentan la declaración responsable.
4. Problemas graves con la gestión y la falta de comunicación con la empresa de distribución eléctrica E_distribución, como incumplimiento de plazos, diferencia de precios por ejecución de trabajos de igual características sin justificación y diferencia de criterios de interpretación de normas, que ralentiza el proceso de electrificación de la economía y despliegue de renovables.

Instalaciones de gas

Por su parte, cinco son las reclamaciones más destacadas que presentan las empresas de instalaciones de gas:

1. Cada vez hay más instalaciones de gas domésticas sin legalizar o realizadas por profesionales aficionados, tubos de elastómeros caducados, remiendos con poxilina de tubos de gas, etc. Es necesario informar a los usuarios de su responsabilidad total acerca de las condiciones de conservación de sus instalaciones y de la exención de responsabilidad de los seguros frente al no cumplimiento de la normativa en instalaciones, además de la importancia de trabajar con empresas instaladoras registradas ante el órgano competente de la comunidad autónoma en materia de seguridad industrial.
2. Ausencia generalizada del obligado mantenimiento y las revisiones periódicas en instalaciones receptoras de gas, incumpliendo la normativa vigente: “Los titulares o, en su defecto, los usuarios actuales de las instalaciones receptoras no alimentadas desde redes de distribución son responsables de encargar una revisión periódica de su instalación, utilizando para dicho fin los servicios de una empresa instaladora de gas de acuerdo con lo establecido en la ITC-ICG 09. Dicha revisión se realizará cada cinco años”.
3. Instalaciones sin legalizar gas en caravanas y autocaravanas, así como vehículos asimilables, actualmente en gran auge.
4. Deben de ser las ITV, las que deben solicitar a este tipo de vehículos en las inspecciones periódicas, los certificados vigentes de sus instalaciones.
5. Vigilancia de medios digitales frente a las ofertas fraudulentas de empresas no habilitadas: hemos detectado una invasión en redes sociales y medios digitales de empresas oportunistas alejadas de la legalidad.

Fontanería

Las empresas de fontanería, por otro lado, reclaman:

1. Desde 2020, se han dejado de recibir por parte de los usuarios solicitudes de emisión de certificados de revisión de instalaciones de suministro y evacuación de aguas. La emisión de estos requerimientos a los propietarios permite a las empresas del sector estar informadas y, tras realizar estas el correspondiente certificado, con la posterior ejecución de trabajos de reforma y/o acondicionamiento, asegurar así que las actuaciones que se solicitan como necesarias se lleven a cabo.
2. Convocatoria de los exámenes de fontanería y calderas. Estos exámenes no se convocan desde hace tiempo y son necesarios.
3. Actualizar la base de datos de las empresas y profesionales que cumplan con todos los requisitos para ejercer la profesión y que desde la propia compañía distribuidora de agua también reclaman, ya que ellos se guían por la base de datos que está publicada en Industria y que, hoy, está completamente obsoleta. Importante de cara a terminar con el intrusismo y por consiguiente con las malas prácticas.

Talleres de automóviles

Respecto a las demandas de los talleres de reparación de automóviles, resaltan: “Solicitamos inspecciones a locales donde se ejerce la actividad de mantenimiento y reparación de vehículos a motor sin estar inscritos en el Registro Integrado Industrial. Además del Plan de Inspecciones que ejecuta la Dirección General de Industria a talleres de reparación de vehículos inscritos en el RII, creemos que se debe establecer una línea de trabajo que permita la denuncia anónima o al menos de una forma en la que no recaiga la responsabilidad de la veracidad en el denunciante, puesto que, si para la administración es difícil constatar la existencia de una actividad, lo es mucho más difícil para entidades no gubernamentales o para la ciudadanía”.

Los talleres de mecánica también requieren “ayudas a la legalización y modernización de nuestras empresas. Las pasadas convocatorias de ayudas para estos dos conceptos establecían límites mínimos de inversión, demasiado altos que dejaban fuera la voluntad de muchas empresas de mejorar sus infraestructuras y/o sus procesos. También sería interesante diversificar los gastos susceptibles de ser subvencionados atendiendo a la legalización: para incentivar a nuevas empresas o a aquellas que ejercen su actividad en la clandestinidad a que den el paso de la legalización. A su vez, modernización para aquellas empresas que, por dificultades económicas, no han podido actualizar sus establecimientos industriales según lo hacía la normativa”. Con más detalle, “solicitamos un Plan Renove, encaminado a prestar ayudas directas o subvenciones con el fin de:

1. Modernizar las instalaciones de talleres (dotar de equipamiento, infraestructuras, o maquinaria).
2. Adquirir las modernas herramientas de diagnosis (lectores de códigos, osciloscopios, etc.) que actualmente son necesarias e imprescindibles para el futuro del sector de reparación de vehículos independiente de Canarias.
3. Digitalizar al taller de reparación de vehículos (ordenadores, diseño de páginas webs, posicionamiento en buscadores de internet, SEO o SEM, programas de gestión de talleres…).
4. Entregar tarjetas con un saldo determinado para el pago de información técnica de vehículos en las páginas webs de los fabricantes.
5. Dotación económica para realizar cursos sobre herramientas tecnológicas y, en particular, el manejo de acceso a la información técnica de los vehículos (RMI), que permita a los profesionales de los talleres una capacitación en la obtención de dicha información técnica que es imprescindible hoy en día debido a la introducción de tecnologías vanguardistas en los nuevos vehículos.
6. Equipamiento e instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en talleres de reparación de vehículos.

Otra demanda de los talleres es “asignar personal en consultas telefónicas relacionadas con el Registro Integrado de Industria y/o tramitación de expedientes en el Servicio de Establecimientos Industriales. Hasta hace algo más de un año, dicho servicio de establecimientos contaba con personal administrativo para facilitar información, ya sea vía telefónica o presencial, sobre el registro industrial y expedientes en curso. Si bien han facilitado una dirección de correo electrónico (buzon.industria@gobiernodecanarias.org) para las consultas sobre el R.I.I. y un trámite en la sede electrónica para el acceso a documentación de expedientes, estas vías no ofrecen la posibilidad de acceso a cierta información clave, ni la agilidad que requiere nuestro sector en determinados momentos.

Además, los talleres de reparación de automóviles reclaman “que la información pública del Registro Integrado Industrial de la Comunidad Autónoma de Canarias, en concreto, la División A, aparezca en la aplicación desarrollada por el Ministerio de Industria, Comercio y Consumo: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo – consultas públicas. Esta herramienta permite acceder a información muy valiosa del Registro, que aparte de ahorrarnos recurrir al Servicio de Establecimientos Industriales para consultas básicas, proporciona una información sectorial de interés general”.

Motos: IGIC y matriculaciones

En cuanto al sector de las motos, igualmente, plantea “replantear el pago del IGIC de las motos que llegan a Canarias. No una excepción del impuesto, pero “sí” el no tener que abonarlo por adelantado, ya que esto supone un desembolso abismal para el sector. Entre la subida de los transportes y los gastos financieros, están asfixiando al sector y este año con la subida de tipos aún más. Es raro que algún concesionario trabaje con capital propio, casi todos tienen pólizas para poder asumir el pago por adelantado del IGIC para poder tener motos en sus exposiciones. Como ejemplo, detallar la gestión en tierras peninsulares: los concesionarios de la Península no tienen que pagar el IVA por adelantado, ellos pagan el impuesto cuando venden la moto (en Canarias actualmente cualquier moto que entra por el muelle se debe abonar el IGIC esté o no vendida para poder llevarla al concesionario). En la Península una vez vendida la moto pagan el importe con el IVA incluido, pero nunca por adelantado.

Actualmente, todo lo relacionado con las matriculaciones de vehículos se hace telemáticamente en la plataforma de Tráfico, es tan sencillo como que a la hora de matricular se adjunte la carta de pago de dicho IGIC como requisito indispensable. Todas las motos que llegan al muelle entran con un DUA, en dicho DUA aparece reflejado el número de chasis de cada vehículo por lo cual están controladas”.

Sobre la reparación de motos, plantean tres aspectos:

1. Posibilidad de reducción del IGIC en servicios prestados (talleres de reparación y mantenimiento de motocicletas) con esto se podría incentivar a los usuarios la reparación y el mantenimiento de sus motos (los talleres han sufrido una caída de más del 30% de facturación en este último trimestre).
2. Aumentar los puntos de recarga para las motos eléctricas en la ciudad. Si queremos avanzar en movilidad sostenible debemos apoyar al sector. No sólo puntos de recarga para coches, si no también puntos preparados para la carga de las motos (no son los mismos conectores que el de los coches).
3. Más facilidades (mayores apoyos económicos) para las instalaciones de punto de recarga en garajes comunitarios, ahora mismo existen subvenciones, pero los costes siguen siendo muy elevados.

Vehículos de alquiler

Por su parte, el sector de los vehículos de alquiler reitera que “somos un actor clave en la movilidad de nuestros visitantes y contabilizamos entre el 25 y el 30 % de las matriculaciones de coches en el archipiélago, con lo que ello supone para la industria del metal (concesionarios, talleres, repuestos, derivados, etc.). Con todo ello, solicitamos participar en todos los foros turísticos que la Consejería organiza, para aportar nuestro conocimiento y experiencia en la movilidad turística, cuyo próximo año tendrá grandes retos que afrontar”.

Sus demandas son principalmente cuatro:

1. Lucha contra el incremento del intrusismo. Hay particulares que se dan de alta en plataformas que se localizan en internet y ofrecen sus servicios como si fuese algo legal. Proponemos algún tipo de aviso a nuestros visitantes al llegar que dé información correcta de cómo contratar su movilidad (por ejemplo, un SMS al aterrizar).
2. Pedimos que la Consejería de Turismo desarrolle alguna aplicación que permita al turista conocer y exigir los requisitos que se requiere para alquilar un vehículo con o sin conductor. Es una idea que nos propuso en una reunión Turismo de Tenerife.
3. Promover la actualización de la ley de transporte por carretera de Canarias que está obsoleta y no se adecúa a las nuevas circunstancias ni necesidades del mercado.
4. Revisión del IGIC en el alquiler de vehículo sin conductor que actualmente es del 15 %, equiparable solo a actividades de juego de azar y apuestas, venta de tabaco, alcohol, o actividades de lujo. Proponiendo equiparar el tipo de IGIC aplicable al del sector turístico”.

Desguaces de vehículos

El colectivo de las empresas de desguaces de vehículos denuncia “la venta ilegal de repuestos usados por parte de particulares, que tanto daño hace a los desguaces legales (que no contaminamos, pagamos impuestos y creamos puestos de trabajo) vs los particulares (que despiezan contaminando, no pagan ningún impuesto, ni crean puestos de trabajo). Una práctica que, además de ilegal, va en contra totalmente de los objetivos 2030 y de varios ODS. Por todo ello solicitamos que desde la Consejería se realicen acciones encaminadas a controlar la venta de repuestos usados de forma ilegal, ya que contaminan y no protegen al consumidor/a final”.

Gestores de residuos

Las empresas gestoras de residuos, por su parte, plantean “que se cumpla con el Principio de Proximidad y el Principio de Continuidad que viene reflejado en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Estos son principios uno ambiental y otro económico, y lo que se quiere demandar es que cuando se genere un residuo (recurso) en Canarias y cuando haya una Planta de Tratamiento que está debidamente autorizada y que cumple con los estándares europeos para tratar ese residuo en el territorio archipelágico no sea llevado a la península, sino que se quede aquí, generando impacto medioambiental positivo, puestos de trabajo y riqueza para el archipiélago”.

Ámbito marino marítimo

Del ámbito marino marítimo, proponen “el desarrollo de la regulación de competencias de las aguas internas Canarias y la coordinación continua con la Administración central en los casos que aplique para favorecer la gestión de proyectos económicos en este espacio. También reforzar el Registro Especial de Buque de Canarias (REBECA) con los instrumentos previstos en el REF de Canarias”.

Reparaciones navales

El sector de las reparaciones navales, por su parte, reclaman:

1. Incompatibilidad del marco legislativo de buceo, entre su convenio del 2012 y el real decreto 2020. Concretamente en lo relativo a las técnicas de buceo autorizadas.
2. Protocolo claro de actuación y condiciones para la recepción y reparación de barcos en nuestros puertos.
3. En vista de la poca industria que hay en Tenerife, ¿existe algún plan de captación o estrategia comercial directa enfocada a traer nuevos inversores con intención de montar industria? Y si es afirmativo, ¿qué resultados ha dado?
4. Aprovechando las ventajas que ofrece la Zona Franca y la ZEC, ¿hay algún tipo de grupo de trabajo integrado por todos los actores relevantes para desarrollar una estrategia común de captación de inversión extranjera? De no ser así, sería importante plantear este tema y aunar fuerzas entre organismos.

Náutica de recreo y deportiva

Las empresas de náutica de recreo y deportiva también proponen cuatro aspectos:

1. Su industrialización tomando de referencia parámetros de seguridad industrial internacional y la experiencia en el sector de las reparaciones navales. Sugerimos que se tome como referencia el modelo Balear.
2. Más y mejores infraestructuras.
3. Necesitamos que las asociaciones náuticas puedan participar en la toma de decisiones tan importantes para el futuro de nuestro destino.
4. Necesaria coordinación regional de la Estrategia Canaria de Economía Azul (ECEA) y proponemos se centralicen todas las competencias relacionadas en una sola Consejería.

Contra incendios

En cuanto al sector de la seguridad y lucha contra el fuego, las empresas valoran las siguientes cinco demandas:

1. Plan de inspección frente al fraude: hay mucho “instalador” no acreditado realizando las instalaciones. Se paró el acuerdo con las OCAS para revisar a los instaladores y no se hace revisión de instalaciones.
2. Lucha contra la ilegalidad. Agilización de la resolución de las denuncias. Actuar con mayor contundencia contra el ilegal y dar traslado de denuncias de empresas reiterativas, a la Fiscalía (situación de las denuncias contra empresas).
3. Control de contratos de mantenimientos. No se controlan las instalaciones que no tienen contrato de mantenimiento. Cuando un instalador deja de prestar servicio de mantenimiento a una instalación y se comunica a la Consejería no se solicita el nuevo contrato al titular de la instalación. Hay muchas instalaciones que carecen de contrato de mantenimiento siendo obligatorio.
4. Mayor control en la revisión y mantenimiento de los extintores de islas no capitalinas por parte de aquellas empresas que no disponen de talleres legalizados de revisión de extintores en dichas islas. Las compañías aéreas no permiten este tipo de mercancías y las navieras solo dejan subir en el barco a los coches con un solo extintor (el del vehículo) y si los llevas como mercancía encarece el pasaje casi un 400% (además, no permiten extintores de co2 en barco de pasajeros). En el caso de empresas nacionales que realizan este tipo de servicios en las islas no capitalinas se agrava aún más.
5. Precios en la recarga de extintores. ¿Cómo es posible que los precios sean entre 6,00€ a 9,00€? Por parte de algunas empresas estaría bien que se pudiera poner un precinto para indicar que se hacen las recargas.

Nuevas tecnologías

Del ámbito de las nuevas tecnologías, Femete y Femepa presentan cuatro reclamaciones:

1. Que en las convocatorias de ayudas se incentive el formar parte de una asociación empresarial al implicar que los profesionales estén organizados y concienciados en cuanto a normativa, etc.
2. Que en las licitaciones se incentive las UTEs entre empresas locales o locales con empresas de península para acometer proyectos de envergadura, en vez de dar a las grandes que luego a su vez subcontratan a menor precio a las locales.
3. En proyectos de servicios, limitarse a contratar servicios indicando los ANS (acuerdos de nivel de servicios) y no exigiendo un número de personas en exclusividad con perfiles y titulaciones concretas, ya que esto limita considerablemente la concurrencia de empresas y limita las licitaciones a empresas que ya están dando el servicio cuyos técnicos están formados, casualmente, con las certificaciones exigidas.
4. Reducción al 50% de la cuota a pagar del impuesto de sociedades para la industria del desarrollo de softwares, al igual que lo contemplan para las empresas que producen los productos manufactureros industriales, los productores agrícolas, artesanales, etc., lo que se llama actualmente productores de los bienes corporales.

Aeronáutica y electrodomésticos

Del sector aeronáutico y aeroespacial, señalan que “Canarias dispone de espacio idóneo y experiencia contrastada para probar sistemas aeronáuticos y aeroespaciales. Proponemos que en coherencia con la propuesta no de ley aprobada recientemente en el Parlamento Regional, se lleven a cabo las acciones contenidas en la misma. Y ello ha de hacerse con urgencia antes de que en zonas de nuestro entorno se nos anticipen”.

Otras demandas empresariales del sector de Electrodomésticos es la puesta en marcha de un Plan Renove en Canarias, “de tal forma que el Gobierno Autónomo ofrezca ayudas directas a la ciudadanía para que sustituyan y retiren de la circulación aparatos electrodomésticos antiguos poco eficientes energéticamente, como frigoríficos, congeladores, lavadoras, lavavajillas, aires acondicionados, hornos o calderas, por otros con mayor eficiencia energética”.

Finalmente, Femete y Femepa demandan a los ayuntamientos con zona azul o verde “que ofrezcan facilidades para la movilidad de los profesionales, así como reducción de precios”. Y sobre los polígonos industriales, resaltan su “agradecimiento por la subvención para el desarrollo de los planes estratégicos de las áreas industriales, por lo que solicitamos su continuación”.

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