La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 9 de enero de 2018 estima que la videovigilancia oculta de un trabajador en su puesto de trabajo es una injerencia en su derecho a la privacidad, abarcando este derecho las imágenes grabadas y reproducibles de la conducta de una persona en su puesto de trabajo, a la que el trabajador no puede sustraerse, estando obligado por el contrato de trabajo.
